CAMILO A. CASTILLO
con la firma de un compromiso entre el consejero comisionado de paz Otty Patiño, voceros de las comunidades de Nariño y representantes del frente ‘Comuneros del Sur’ -estructura que el 7 de mayo de este año se separó del Eln-, el Gobierno de Gustavo Petro se embarcó este viernes en un nuevo proceso de paz, uno que contempla un plan de transformación de tres ejes para el departamento (desescalamiento de la violencia, transformación regional y transición del grupo armado) y que se enmarca en los denominados diálogos regionales, convocados desde marzo por el gobernador Luis Alfonso Escobar.
Este espacio, que fue bautizado por el grupo de trabajo que designó el consejero comisionado como ‘Instancia para la co-construcción para la paz territorial en Nariño’, contó con la participación de voceros de organizaciones sociales, juntas comunales, resguardos indígenas y una comitiva del Ejecutivo integrada por Patiño, Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación, y el ministro de Minas, Andrés Camacho. Por el lado de la organización armada estuvieron presentes alias Jairo y alias Matías, quienes, a diferencia de los voceros de otros grupos armados de carácter político con los que negocia el Gobierno, sí hablaron de una transición a la vida civil y de la entrega de las armas.
“Esto es un hecho que demuestra la necesidad de que la conversación se haga en el territorio, de que los actores sociales puedan sentir que el desescalamiento puede ir tomando forma en el territorio. Es la gente del territorio la que ha perdido la confianza en las instituciones. Son las comunidades las que le dicen al Gobierno y a los grupos armados que es necesario llegar al diálogo, a la concertación y a la implementación”, señaló el gobernador Escobar, quien, si bien destacó el trabajo de los diálogos regionales con los diferentes actores armados, pidió que estos procesos se adapten a las lógicas regionales.
Durante la jornada, que es la continuación de un encuentro realizado el pasado 7 de julio en el corregimiento de Betania, del municipio de Samaniego, ese grupo armado ratificó e hizo oficial su compromiso de ponerle fin a la violencia y de apoyar el trabajo de desminado en el departamento-según la oficina de paz dicha guerrilla ya entregó los mapas con la ubicación de los artefactos explosivos-, dos de los cinco puntos pactados en el eje del desescalamiento.
Este diálogo regional también fue escenario para la presentación de lo que la oficina de paz del Gobierno denomina ‘DNI: Diálogo, negociación e implementación’, modelo que se implementará en el departamento y que esperan replicar en otros territorios.
El coordinador de esta delegación será Carlos Erazo, exmiembro del M-19. Junto con él estarán Ángela María Robledo, excongresista y miembro de la junta directiva de Ecopetrol; Andrey Gómez, activista nariñense y catedrático universitario; Pablo Pardo, economista y director de Fondo Paz; Clemencia Carabalí, lideresa afro y exconsejera presidencial para la mujer. Este proceso contará, además, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
El acuerdo firmado entre las partes también contempla, en su primer eje, temas como el retorno de los desplazados, el no reclutamiento de menores y el fortalecimiento de las autoridades étnicas y comunitarias de la zona, la búsqueda de personas desaparecidas y la paz desde perspectiva de género.
El segundo eje es el que inmiscuye a las comunidades y el que plantea la transformación del territorio en términos sociales y económicos. De hecho, el llamado de las comunidades durante su intervención tuvo que ver con la necesidad de que esas transformaciones tengan su génesis en las regiones.
Por último, también se planteó la transición de las personas integrantes del grupo armado hacia una condición de ciudadanía plena. “Nuestro propósito es hacer las paces con el Gobierno y dejar de usar las armas, así como hacer tránsito hacia un movimiento social y político para tomar el camino de la paz. Creemos que este proceso de paz debe ser rápido y contundente y que debe acabar antes de que se acabe este Gobierno”, Royer Edgardo Garzón Alvarado, alias Jairo, vocero de la organización.
Este eje contará, además, con seis comisiones cuyo propósito será facilitar ese tránsito hacia la vida civil. La primera será una socio-jurídica la cual, en palabras de Erazo, debe “encontrar la manera, con la legislación actual y la realidad del territorio, una salida para que el proceso tenga protección y garantías jurídicas”.
También habrá un grupo trabajando en la seguridad de los excombatientes y del proceso. Los delegados señalaron que para ello la Fuerza Pública tiene la misión de hacer presencia en el territorio y de evitar que el proceso “sea violentado”: Otras comisiones tendrán que ver con la reconversión económica de los alzados en armas y la búsqueda de salidas educativas para los combatientes que se desmovilicen.
«En quinto lugar, habrá un grupo para la inutilización de los artefactos e instrumentos de guerra. Ellos nos han manifestado que la lucha armada es obsoleta y que su expectativa es el tránsito hacia la vida civil”, agregó Erazo. Por último, habrá una comisión para el asunto de la justicia restaurativa. En ese sentido, los delegados del Gobierno señalaron que las víctimas serán fundamentales, que en este punto no solo será clave la justicia ordinaria, sino la justicia de los cabildos afectados por este grupo armado.
Hay que recordar que este frente perteneció al Eln desde 1992 y desde su creación hace presencia en el departamento de Nariño. Hoy, su principal comandante es Gabriel Yepes Mejía, alías ‘HH’, y de acuerdo con datos de inteligencia militar, cuenta con unos 100 hombres en armas y 40 más en redes de apoyo (milicias).
Si bien desde que se anunciaron los diálogos regionales se notaron las primeras fisuras entre esta estructura y el comando central del Eln -Antonio García acusó al Gobierno y a estos frentes de querer mostrar a su organización dividida de cara a la mesa nacional – la ruptura definitiva se dio el pasado 7 de mayo cuando, a través de un comunicado, manifestaron que se separaban ante “el trato de agresión y el actual modelo de conducción desde el exilio político”