Por: Katerin Erazo, Periodista
En un paso significativo hacia la paz en el suroeste de Colombia, representantes del Gobierno Nacional y del Frente Comuneros del Sur (FCS) firmaron un compromiso para iniciar formalmente un diálogo social. Este acuerdo, liderado por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y los delegados del FCS, marca el comienzo de un proceso de co-construcción de paz territorial en Nariño.
La iniciativa, denominada ‘Instancia para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño’, se aplicará en diez municipios afectados por la presencia del FCS, incluyendo Andes Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Ricaurte, Samaniego y Santa Cruz de Guachavez. Este esfuerzo se centrará en tres ejes principales: desescalamiento de las violencias, implementación de transformaciones regionales y la reintegración de los miembros del grupo armado a la vida civil.
El comunicado conjunto destaca el compromiso de los grupos de trabajo para buscar soluciones efectivas y sostenibles, operando bajo principios de corresponsabilidad y honestidad. En estas mesas de trabajo participan actores comunitarios, instituciones del Estado y representantes del FCS.
El encuentro del viernes pasado en Pasto reafirmó lo acordado previamente el 8 de julio en Betania, Samaniego. En dicha reunión, el Alto Comisionado Patiño presentó un plan de trabajo detallado y reafirmó la continuación de las labores de desminado humanitario, crucial en una región donde al menos 164 personas han sido víctimas de minas antipersona.
Entre los asistentes al evento se encontraban comunidades indígenas, representantes de organizaciones sociales y juntas comunales, así como miembros del Gobierno, incluyendo a Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, y Andrés Camacho, ministro de Minas.
Los facilitadores del Gobierno en este proceso incluyen a figuras como Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Clemencia Carabalí, Pablo Pardo y Andrei Gómez. Por parte del FCS, los representantes son Roger Alvarado, Antonio Ovalles Antilez, Segundo Andrés Obregón Obando, Jorge Wilfredo Rasero Marín, Oliverio Porfirio Pai Rodríguez y Gabriel Yepes Mejía.
Además, la Instancia contará con un comité consultivo de alto nivel, integrado por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y Álvaro Jiménez, asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Este esfuerzo será acompañado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal.
A pesar de estos avances, las negociaciones con el Frente Comuneros del Sur han sido recibidas con rechazo por la dirección general del ELN, que considera este proceso una traición al diálogo nacional. En febrero pasado, el ELN declaró una crisis en la mesa de negociaciones, y aunque se han dado pasos importantes, el proceso permanece congelado.
La situación se complicó aún más esta semana con las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien afirmó que se habrían concedido contratos en beneficio del ELN en Arauca como parte de una estrategia para apoyar la paz total del presidente Gustavo Petro. Estas acusaciones surgen justo cuando el Gobierno busca reanudar los diálogos y extender el cese al fuego bilateral, cuya vigencia termina el 3 de agosto.
Este compromiso de paz en Nariño, aunque enfrenta desafíos significativos, representa una esperanza renovada para las comunidades afectadas por el conflicto armado en la región.
Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó dos aspectos clave en la negociación entre el Frente Comuneros del Sur y el Gobierno Nacional. Resaltó que el proceso avanza de manera positiva en el ámbito territorial, con puntos claros ya en desarrollo. El Frente Comuneros del Sur ha progresado en el desminado humanitario desde que se anunció formalmente la negociación, manteniendo una dinámica de participación activa con la comunidad y la sociedad civil.
Un aspecto notable de esta negociación es el compromiso del Frente Comuneros del Sur con la reinserción y la dejación de armas. Hasta ahora, es el único grupo que ha expresado su disposición a dejar las armas, diferenciándose de otras mesas de negociación. Este escenario territorial busca negociaciones con dos grupos armados, la Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros, la principal disidencia del ELN en este momento.
Marín también subrayó la importancia de la participación de la sociedad civil y la movilización social en este proceso, así como el rol fundamental de Luisa Alfonso Escobar. Según Marín, estos factores han contribuido a que la negociación avance de manera óptima. Ella considera crucial resaltar la iniciativa y las voces de los comandantes del Frente Comuneros del Sur, quienes han proporcionado una sensación de tranquilidad respecto a la dejación de armas y han abordado temas controvertidos como la suspensión total de secuestros y el retorno de personas que están en el Frente Comuneros.En un paso significativo hacia la paz en el suroeste de Colombia, representantes del Gobierno Nacional y del Frente Comuneros del Sur (FCS) firmaron un compromiso para iniciar formalmente un diálogo social. Este acuerdo, liderado por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y los delegados del FCS, marca el comienzo de un proceso de co-construcción de paz territorial en Nariño.
La iniciativa, denominada ‘Instancia para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño’, se aplicará en diez municipios afectados por la presencia del FCS, incluyendo Andes Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Ricaurte, Samaniego y Santa Cruz de Guachavez. Este esfuerzo se centrará en tres ejes principales: desescalamiento de las violencias, implementación de transformaciones regionales y la reintegración de los miembros del grupo armado a la vida civil.
El comunicado conjunto destaca el compromiso de los grupos de trabajo para buscar soluciones efectivas y sostenibles, operando bajo principios de corresponsabilidad y honestidad. En estas mesas de trabajo participan actores comunitarios, instituciones del Estado y representantes del FCS.
El encuentro del viernes pasado en Pasto reafirmó lo acordado previamente el 8 de julio en Betania, Samaniego. En dicha reunión, el Alto Comisionado Patiño presentó un plan de trabajo detallado y reafirmó la continuación de las labores de desminado humanitario, crucial en una región donde al menos 164 personas han sido víctimas de minas antipersona.
Entre los asistentes al evento se encontraban comunidades indígenas, representantes de organizaciones sociales y juntas comunales, así como miembros del Gobierno, incluyendo a Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, y Andrés Camacho, ministro de Minas.
Los facilitadores del Gobierno en este proceso incluyen a figuras como Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Clemencia Carabalí, Pablo Pardo y Andrei Gómez. Por parte del FCS, los representantes son Roger Alvarado, Antonio Ovalles Antilez, Segundo Andrés Obregón Obando, Jorge Wilfredo Rasero Marín, Oliverio Porfirio Pai Rodríguez y Gabriel Yepes Mejía.
Además, la Instancia contará con un comité consultivo de alto nivel, integrado por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y Álvaro Jiménez, asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Este esfuerzo será acompañado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal.
A pesar de estos avances, las negociaciones con el Frente Comuneros del Sur han sido recibidas con rechazo por la dirección general del ELN, que considera este proceso una traición al diálogo nacional. En febrero pasado, el ELN declaró una crisis en la mesa de negociaciones, y aunque se han dado pasos importantes, el proceso permanece congelado.
La situación se complicó aún más esta semana con las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien afirmó que se habrían concedido contratos en beneficio del ELN en Arauca como parte de una estrategia para apoyar la paz total del presidente Gustavo Petro. Estas acusaciones surgen justo cuando el Gobierno busca reanudar los diálogos y extender el cese al fuego bilateral, cuya vigencia termina el 3 de agosto.
Este compromiso de paz en Nariño, aunque enfrenta desafíos significativos, representa una esperanza renovada para las comunidades afectadas por el conflicto armado en la región.
Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó dos aspectos clave en la negociación entre el Frente Comuneros del Sur y el Gobierno Nacional. Resaltó que el proceso avanza de manera positiva en el ámbito territorial, con puntos claros ya en desarrollo. El Frente Comuneros del Sur ha progresado en el desminado humanitario desde que se anunció formalmente la negociación, manteniendo una dinámica de participación activa con la comunidad y la sociedad civil.
Un aspecto notable de esta negociación es el compromiso del Frente Comuneros del Sur con la reinserción y la dejación de armas. Hasta ahora, es el único grupo que ha expresado su disposición a dejar las armas, diferenciándose de otras mesas de negociación. Este escenario territorial busca negociaciones con dos grupos armados, la Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros, la principal disidencia del ELN en este momento.
Marín también subrayó la importancia de la participación de la sociedad civil y la movilización social en este proceso, así como el rol fundamental de Luisa Alfonso Escobar. Según Marín, estos factores han contribuido a que la negociación avance de manera óptima. Ella considera crucial resaltar la iniciativa y las voces de los comandantes del Frente Comuneros del Sur, quienes han proporcionado una sensación de tranquilidad respecto a la dejación de armas y han abordado temas controvertidos como la suspensión total de secuestros y el retorno de personas que están en el Frente Comuneros.